De Francisco Comín Comín y Pablo Martín Aceña.
Los motivos del aumento del contrabando en el año 1.890 estaban en varios frentes: los escasos medios puestos por el Estado para la represión; las guerras coloniales que dejaron el litoral mediterráneo sin guardacostas del Estado, la escasa colaboración de las autoridades de Marina y la crisis económica. Los fraudes a la Renta del Tabaco se producían dentro de las propias instalaciones y por el personal al servicio de la misma, en las más variadas formas: hurtos, faltas y desfalcos; asimismo, existían fábricas de tabacos clandestinas que se surtían de empaques, precintos y contraseñas procedentes de dichos robos.
Un problema al que tuvo que hacer frente la Arrendataria fue el deficiente servicio de los resguardos oficiales, Armada y Carabineros, que aún empeoró en 1.890. Para compensar la dejadez del Estado en la represión del contrabando, la CAT tomó medidas importantes, como la reorganización del Resguardo Especial, la creación de la flotilla de vigilancia marítima, la mayor dotación de recursos del servicio de tierra, la generalización de las campañas de arranque de plantas de tabaco, la creación de agentes de información y los confidentes, y sobre todo, la implicación de los representantes y estanqueros en la lucha contra el fraude.
La forma de conseguir la colaboración de los empleados de la CAT, de los resguardos oficiales y de los confidentes, fue mejorar los sueldos, las dietas, los premios y las gratificaciones.
Las guerras coloniales afectaron gravemente a la CAT porque los resguardos del Estado disminuyeron, particularmente los marítimos. El Consejo estableció una doble estrategia basada en reclamar constantemente al Estado que devolviese los resguardos a las dotaciones que tenían en 1.887, y en mejorar el Resguardo Especial.
Ante la lamentable situación de los resguardos oficiales, la Compañía trató de potenciar su propio servicio de vigilancia. La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de 22 de diciembre de 1.893, declarando que los gastos del Resguardo Especial de la CAT debían computarse en las liquidaciones de la Renta como un gasto de esta, representó una victoria del Consejo sobre los criterios del Estado; fue un respaldo decisivo para la supervivencia de este Cuerpo y un paso firme para que la Arrendataria pudiese desarrollar la función de vigilancia del contrabando con la amplitud y eficacia que deseó desde un primer momento.
El problema era que el Gobierno se negaba a reconocer las imprescindibles prerrogativas del Resguardo Especial para que la acción represora de los agentes de la CAT fuese efectiva. También las normas básicas del Resguardo de la Arrendataria fueron dictadas en la época de Eleuterio Delgado, en distintas reformas entre 1.894 y 1.898, siendo la reorganización del Resguardo de este último año la que contó con el respaldo oficial, pues reconocía una mayor capacidad a sus agentes.
El descenso de los medios del Estado obligó a la CAT a reforzar su Servicio Especial de Vigilancia Marítima, a pesar de que los barcos con que contaba no eran los más adecuados, en las provincias del Levante y del litoral de Andalucía, en las que el contrabando se realizaba casi exclusivamente por mar. Como resultado inmediato de tales reformas, disminuyeron notablemente las expediciones que salían de Argel para las provincias de Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona y Baleares, y las que salían de Orán con destino a las de Murcia, Alicante y Almería, y se redujeron las que salían de Gibraltar. Es más, cuando en el ejercicio de 1.898-99 se produjo un importante aumento de la recaudación, el Consejo no dudó en atribuirlo, en parte, a la eficacia con que había funcionado el Servicio de vigilancia propio.
En 1.893, la CAT ya tenía el buque Salvador, que había sido adquirido de segunda mano. Cuando se vio que el Gobierno empezaba a desatender la vigilancia de las costas, el Consejo decidió construir una escuadrilla de buques de vapor y de remo para el servicio de guardacostas. Al cabo del tiempo, la Hacienda emitió una real orden de 2 de enero de 1.896 invitando a la CAT a manifestar en cómo contribuiría en la ayuda del Estado para la construcción de una flotilla. La Compañía Arrendataria de Tabacos se comprometió a entregar al Estado antes del 1 de julio de 1.896, una escuadrilla de guardacostas compuesta por 19 buques, con un coste de construcción calculado en 110.606 libras esterlinas por los vapores, y de 85.000 pesetas por los botes para su servicio; dicho importe sería abonado por la Arrendataria, en concepto de un anticipo al Gobierno, por el que se pagaría un interés inferior en un uno por ciento al descuento del Banco de España. Se cargaría a la Renta de Tabacos en las liquidaciones anuales la mitad de la amortización anual, pero la otra mitad sería de cuenta exclusiva del Estado; la amortización anual se fijaba en el cinco por ciento, por estimarse en veinte años la duración normal de los buques en estado de prestar servicio.
Tras varias conferencias del presidente con el ministro de Hacienda, el Consejo acordó que se solicitasen, con urgencia, proposiciones de varias casas constructoras. Al cabo de seis meses se aprobó un presupuesto extraordinario (en sesión de 22 de octubre de 1.896) para la adquisición de los buques. Seguramente, la urgencia con la que se necesitaban esos barcos inclinó al Consejo por decidirse a comprar buques de segunda mano, en lugar de encargarlos a empresas constructoras de buques, como era la intención original.
El Consejo acordó la adquisición de los vapores Nueva Purita y Ayudante para reforzar la vigilancia de las provincias de Cádiz y Málaga. Ante la oferta de un vapor nombrado Cri-Cri, los peritos dictaminaron que reunía buenas condiciones para la vigilancia de costas y el Consejo acordó su adquisición. Se aprobó la compra del yate La Perle, y al mismo tiempo, la enajenación del vapor Suárez Guanes que “ …por sus condiciones deficientes no responde a las necesidades del servicio…”.
La CAT se quedaba por tanto con cuatro vapores, y la dotación del vapor Suárez Guanes (puesto a la venta) pasó a atender al yate La Perle. Esto quedaba muy lejos de los 19 buques planeados. A pesar de las deterioradas condiciones técnicas del buque, se acordó suspender la venta del vapor Suárez Guanes “… por ser conveniente que continúe prestando servicio en Algeciras…”. Pero este viejo vapor no debió de aguantar mucho tiempo y fue retirado de la circulación, porque al año siguiente el vapor Le Perle fue rebautizado como Suárez Guanes.
Al finalizar 1.895, el resguardo terrestre de la CAT estaba dirigido por tres jefes superiores, uno de Andalucía, otro de Alicante, Almería y Cartagena, y otro de Baleares, y contaba con los efectivos siguientes (excluidos lógicamente los agentes secretos) repartidos en 29 zonas: 1) Zona de Algeciras: 18 inspectores de las distintas clases reglamentadas, 199 agentes de las dos clases existentes y 10 matronas; 2) Zona de Cádiz: 6 inspectores y 34 agentes; 3) Zona de Málaga: 7 inspectores, 30 agentes y 1 matrona; 4) Zona de Estepota: 8 inspectores y 54 agentes; 5) Zona de Ronda: 1 inspector, 5 agentes y 1 matrona; 6) Zona de Sevilla: 4 inspectores, 9 agentes y 2 matronas; 7) Zona de Huelva: 4 inspectores y 6 agentes; 8) Zona de Granada: 2 inspectores y 10 agentes; 9) Zona de Jaén: 2 inspectores y 7 agentes; 10) Zona de Córdoba: 1 inspector y 2 agentes; 11) Zona de Madrid: 13 inspectores, 32 agentes y 4 matronas; 12) Zona de Murcia: 5 inspectores y 14 agentes; 14) Zona de Albacete: 1 inspector y 8 agentes; 15) Zona de Baleares: 4 inspectores y 28 agentes; 16) Zona de Barcelona: 9 inspectores y 22 agentes; 17) Zona de Valencia: 4 inspectores, 16 agentes y 2 matronas; 18) Zona de Castellón: 1 inspector y 2 agentes; 19) Zona de Tarragona: 1 inspector; 20) Zona de Gerona: 2 agentes; 21) Zona de Bilbao: 1 inspector y 1 agente; 22) Zona de Gijón: 1 inspector y 3 agentes; 23) Zona de la Coruña: 3 inspectores; 24) Zona de Vigo: 1 inspector; 25) Zona de Logroño: 1 inspector y 1 agente; 26) Zona de Zaragoza: 1 inspector y 2 agentes; 27) Zona de Ciudad Real: 1 agente; 28) Zona de Almería: 3 inspectores y 20 agentes; 29) Zona de Santander: 4 inspectores y 12 agentes. En total en 1.895 había 111 inspectores de las distintas categorías existentes, de los que el 37 por ciento se concentraban en la zona de Algeciras, lo cual da una idea de la importancia que tuvo esta ciudad en la contra el tráfico ilegal.
LOS MEDIOS DEL RESGUARDO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
Las barreras de entrada de un monopolio legal no son las leyes que establecen el mismo, sino la capacidad del Estado para mantenerlo, evitando las ventas fraudulentas. Pero, salvo en la última década del siglo XIX, el Estado no había ayudado a la CAT en la represión del contrabando, ni concediendo mayores prerrogativas legales al Servicio especial de la Compañía, ni autorizando a mejorar los medios materiales, ni creando puestos de carabineros en las zonas más expuestas al fraude, ni obligando a los resguardos oficiales a colaborar con la Arrendataria, ni evitando las prevaricaciones de los jueces y fiscales contra los contrabandistas.
Durante la Primera Guerra Mundial, la venta ilegal de labores extranjeras disminuyó, y el contrabando se encaminó en el sentido de la exportación, desde que se prohibió la exportación de labores. Pero, en cuanto volvió la normalidad, el contrabando resurgió con mayor actividad. Desde 1.919, el Consejo tomó medidas en tres frentes: 1) Aumentó el sueldo del personal de vigilancia, 2) Mejoró el material utilizado, y 3) Combatió el problema en sus puntos de origen, fundamentalmente el norte de África, y en menor medida Andorra.
Francisco Bastos acometió con ímpetu esa renovación del Resguardo Especial de la Compañía y la adquisición de medios materiales más adecuados para luchar contra los contrabandistas; no en vano había sido nombrado por Cambó para reanimar la Renta y combatir el contrabando. El apoyo de los últimos gobiernos de la Restauración y una cierta regeneración de la vida política permitieron a Bastos combatir con éxito el fraude.
En la junta de accionistas de 1.922, Bastos resaltó más que el enorme volumen del contrabando, “…la vergüenza de que se halle sostenido principalmente por personalidades y organizaciones españolas…”. Las acciones del director-gerente para combatir la actividad contrabandista fueron: 1) Adquisición de embarcaciones de “mayor andar” y condiciones superiores a las que disponían los contrabandistas, 2) Organización de un servicio de policía suficiente, 3) Creación de labores especiales destinadas exclusivamente a las posesiones españolas en Marruecos, 4) Realizar tratos con los fabricantes de tabacos de Canarias (y también de Argelia) “…para que, proveyendo a la Renta, dejaran de ser proveedores de los contrabandistas…”, y 5) Adoptar medidas de “absoluto rigor” con respecto a los fabricantes de tabacos de Cuba, para que nunca volviera a darse el caso de que “los que vendan sus labores en España por mediación de la Compañía se las suministren también a los defraudadores de la Renta”. Esta política de rigor en la lucha contra el contrabando, no pudo mantenerse tras la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera.
Pero el éxito alcanzado en la represión del contrabando fue la perdición de Bastos cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, pues Juan March le atacó en diversos frentes. Por primera vez en la historia de la Arrendataria, un solo accionista, a través de presiones políticas y periodísticas, forzó la dimisión de un director-gerente de la CAT. March perdió en el terreno jurídico, pues tras el expediente incoado por Juan Díaz de la Sala, magistrado del Tribunal Supremo, designado por el directorio militar como juez instructor. Una real orden de 15 de febrero de 1.924 puso término a dicho expediente, con toda clase de pronunciamientos favorables para Bastos, declarando no sólo que la denuncia de Juan March era infundada y debía desestimarse, sino que debía ser reconocido y declarado el importante servicio prestado a la Renta por la gestión de Bastos.
Los estatutos de la Compañía permitieron que, en la junta de accionistas de 28 de septiembre de 1.924, Juan March criticase a la Dirección en términos muy crudos y oscuros, como prueba el hecho de que ni en las actas del Consejo, ni en las de la propia junta de accionistas se reproduzcan las acusaciones de Juan March, ni las contestaciones al respecto de la Dirección. También recurrió a su influencia en el Gobierno, lo que explica el interés de Primo de Rivera por controlar la Arrendataria, incluso en cuestiones como los gastos reservados para la represión del contrabando.
Francisco Bastos tuvo que explicar al nuevo representante del Estado de la Dictadura (nunca se había hecho antes) la forma en que se administraban los fondos “ de carácter secreto y reservado” del presupuesto de vigilancia; le había tenido que mostrar, incluso, “los justificantes y documentos comprobatorios de la identidad de las personas que habían recibido cantidades y cuantías de éstas”. Esto sirvió probablemente para desmantelar la red de agentes secretos de la CAT en el norte de África y en Marsella, que tan brillantes servicios de información sobre las operaciones contrabandistas habían rendido a la Arrendataria en los años previos. La campaña de Juan March contra Bastos continuó en la prensa, y finalmente el director-gerente presentó la dimisión. El Real Decreto de 1 de febrero de 1.924 obligó a la creación de las juntas encargadas de la unificación de servicios de vigilancia y represión del contrabando y de la defraudación, de las que formaban parte representantes de la Arrendataria y del Estado. Durante la dictadura, la acción de los delegados regios obligó a la CAT a reorganizar su estructura territorial en el sur, sin que ello mejorase la lucha contra el fraude. Más bien sucedió lo contrario, pues la Arrendataria perdió autonomía para reprimir el contrabando.
La importancia que había adquirido el contrabando en los primeros años republicanos, llevó al gobierno a preocuparse de que los elementos estatales disponibles se aplicasen a su represión. La Compañía, siguiendo una tradición ininterrumpida desde el 1.887, no dejó de solicitar que se ampliasen las facultades reconocidas a su servicio especial de vigilancia en el reglamento aprobado según Real Decreto de 27 de Mayo de 1.902, que aún regía en 1.934. La respuesta del Ministerio de Hacienda fue el Decreto de 28 de marzo de 1,934, que creó una Comisaría General encaminada a centralizar “todo el régimen relativo a una fuerte policía fiscal en cuanto afecte a las Rentas y Monopolios fiscales acogidos a la legislación penal de contrabando y defraudación”.
El gobierno republicano seguía negándose a ceder competencias a la Arrendataria en un asunto tan delicado como la represión del fraude, pero fue incapaz de reducirlo. La lucha contra el contrabando sólo fue eficaz cuando la Arrendataria contó con el apoyo de los ministros de Hacienda y tuvo mayores autorizaciones para reprimirlo, como ocurrió entre 1.922 y 1.924.
Junto al apoyo de los gobiernos, también fueron importantes para ese éxito las mejoras de las retribuciones y el aumento del personal del Servicio de Vigilancia de la Compañía, así como la inversión en medios materiales, particularmente los del resguardo marítimo, ya que el grueso del tabaco fraudulento se traía desde el norte de África, en embarcaciones contra las que la CAT apenas podía hacer nada.
Al finalizar el año 1.920, el resguardo terrestre contaba con 80 inspectores, 392 agentes y 12 matronas; es decir, un número sensiblemente menor al de 1.895, motivado por una mejor organización y por la pérdida de importancia relativa del contrabando terrestre frente al que se practicaba por mar, que desde principios de siglo alcanzaba también gran intensidad en la costa levantina y balear. Por su parte, el resguardo marítimo tenía en 1.920, en total, 59 mandos y 272 marineros y auxiliares, que reunían en las zonas de Baleares, Málaga y Algeciras sus mayores contingentes. Al finalizar 1.934, los efectivos del resguardo terrestre sumaban 57 inspectores, 279 agentes y 14 matronas. En comparación con 1.920, el número de inspectores y de agentes se había reducido de forma sensible.
El resguardo marítimo, al finalizar 1.934, contaba con 140 mandos y personal motorista, pues ahora las embarcaciones llevaban propulsión a motor, y 192 marineros y personal auxiliar. Cantidades que comparadas con las de 1.920 ofrecen cambios derivados de las transformaciones técnicas de las embarcaciones, pues el total de efectivos del este resguardo apenas varió. En cambio, se observa una mayor concentración de los efectivos en las costas levantinas y en Baleares, respecto a la distribución existente en 1.920.
Como esperaba la Dirección, en 1.920 ocurrió un recrudecimiento del contrabando; para combatirlo, la Compañía mejoró las pobres dotaciones de material, que resultaba ya tan ineficaz que era la principal deficiencia del Servicio de Vigilancia. Al final de la Primera Guerra Mundial, los buques de la CAT eran de todo tipo y condición: vapores, motores, faluchos y pequeñas embarcaciones. Esa diversidad hace difícil evaluar los barcos con que contaba el Servicio de Vigilancia Marítimo. Atendiendo a los números, había 4 vapores y 13 motores: los vapores con los nombres de Salvador, Número I, Número II y Número III, y los motores numerados en dos series, del A.I al A.VIII y del B.I al B.V.
Hasta septiembre de 1.921, no hubo un plan general de renovación de la flota del Servicio de Vigilancia Marítimo, cuando el Consejo acordó solicitar autorización para vender los cuatro viejos vapores y numerosas barquillas a vela y botes inútiles, para adquirir nuevas embarcaciones. El Ministerio de Hacienda autorizó, por Real Orden de 9 de septiembre de 1.921, un día después de hacerse la petición, (lo que demuestra que si la Hacienda quería, los asuntos se tramitaban con rapidez) la compra de nuevas embarcaciones al tiempo que autorizaba a la tabacalera para vender las antiguas. Esa celeridad viene explicada porque el 14 de agosto de 1.921 había ocupado la cartera de Hacienda Francisco Cambó, interesado en mejorar los ingresos del Estado, entre ellos los procedentes de la Renta del Tabaco.
En enero de 1.924 ante la imposibilidad d vende los vapores Salvador, Número I, Número II y Número III, así como las barquillas de vela inútiles para el servicio, se decidió utilizar en la flota los elementos que fueran aprovechables y vender el resto.
Francisco Bastos gestionó las compras de las embarcaciones y reorganizó el Servicio de Vigilancia Marítima. En marzo de 1.922, se decidió crear seis bases navales en Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga y Cádiz, y poner en cada una un barco inspector de 80 a 100 toneladas, 15 millas de andar y provistos de dos motores diesel. A sus órdenes habría 25 embarcaciones menores, de 15 a 20 toneladas, 16 millas de andar, arboladura para vela como los faluchos contrabandistas y motores semi-diesel. A ellos se añadirían 31 embarcaciones menores que se aprovecharían del material existente.
Poco después, la Real Orden de 8 de mayo de 1.922 aprobó el plan de adquisición de 6 buques inspectores, 24 buques tipo falucho mediterráneo y 3 motores rápidos Thornycroft, con un presupuesto de 6.765.600 pesetas, que se reintegraría a la Compañía mediante la amortización que se fijase pericialmente. La CAT utilizó con rapidez aquella autorización, y en 1.922 se pidieron 33 buques para el Servicio de Vigilancia Marítima, repartiendo los pedidos en el extranjero, y a las sociedades de construcción naval españolas:
1) Se compraron 6 buques rápidos a la casa Thornycroft, que empezaron enseguida a ejercer sus funciones.
2) Se encargaron a los astilleros Thornycroft en Southampton, 6 buques mixtos de 30 toneladas.
3) Se encargaron otros 6 del mismo tipo a la Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao.
4) Se encargaron 4 y 5 buques mixtos análogos a los anteriores a los astilleros de Gijón y Tarragona respectivamente.
5) Se contrataron 6 buques inspectores de 130 toneladas a los astilleros Euskalduna de Bilbao.
A principios de 1.923, ya se habían recibido los tres Hidros-Thornycroft de 40 pies, y tres de igual marca de 55 pies. Al año siguiente, también se habían recibido los 6 buques Inspectores de 600 HP, construidos en los astilleros Euskalduna de Bilbao.
Un problema al que tuvo que hacer frente la Arrendataria fue el deficiente servicio de los resguardos oficiales, Armada y Carabineros, que aún empeoró en 1.890. Para compensar la dejadez del Estado en la represión del contrabando, la CAT tomó medidas importantes, como la reorganización del Resguardo Especial, la creación de la flotilla de vigilancia marítima, la mayor dotación de recursos del servicio de tierra, la generalización de las campañas de arranque de plantas de tabaco, la creación de agentes de información y los confidentes, y sobre todo, la implicación de los representantes y estanqueros en la lucha contra el fraude.
La forma de conseguir la colaboración de los empleados de la CAT, de los resguardos oficiales y de los confidentes, fue mejorar los sueldos, las dietas, los premios y las gratificaciones.
Las guerras coloniales afectaron gravemente a la CAT porque los resguardos del Estado disminuyeron, particularmente los marítimos. El Consejo estableció una doble estrategia basada en reclamar constantemente al Estado que devolviese los resguardos a las dotaciones que tenían en 1.887, y en mejorar el Resguardo Especial.
Ante la lamentable situación de los resguardos oficiales, la Compañía trató de potenciar su propio servicio de vigilancia. La sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de 22 de diciembre de 1.893, declarando que los gastos del Resguardo Especial de la CAT debían computarse en las liquidaciones de la Renta como un gasto de esta, representó una victoria del Consejo sobre los criterios del Estado; fue un respaldo decisivo para la supervivencia de este Cuerpo y un paso firme para que la Arrendataria pudiese desarrollar la función de vigilancia del contrabando con la amplitud y eficacia que deseó desde un primer momento.
El problema era que el Gobierno se negaba a reconocer las imprescindibles prerrogativas del Resguardo Especial para que la acción represora de los agentes de la CAT fuese efectiva. También las normas básicas del Resguardo de la Arrendataria fueron dictadas en la época de Eleuterio Delgado, en distintas reformas entre 1.894 y 1.898, siendo la reorganización del Resguardo de este último año la que contó con el respaldo oficial, pues reconocía una mayor capacidad a sus agentes.
El descenso de los medios del Estado obligó a la CAT a reforzar su Servicio Especial de Vigilancia Marítima, a pesar de que los barcos con que contaba no eran los más adecuados, en las provincias del Levante y del litoral de Andalucía, en las que el contrabando se realizaba casi exclusivamente por mar. Como resultado inmediato de tales reformas, disminuyeron notablemente las expediciones que salían de Argel para las provincias de Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona y Baleares, y las que salían de Orán con destino a las de Murcia, Alicante y Almería, y se redujeron las que salían de Gibraltar. Es más, cuando en el ejercicio de 1.898-99 se produjo un importante aumento de la recaudación, el Consejo no dudó en atribuirlo, en parte, a la eficacia con que había funcionado el Servicio de vigilancia propio.
En 1.893, la CAT ya tenía el buque Salvador, que había sido adquirido de segunda mano. Cuando se vio que el Gobierno empezaba a desatender la vigilancia de las costas, el Consejo decidió construir una escuadrilla de buques de vapor y de remo para el servicio de guardacostas. Al cabo del tiempo, la Hacienda emitió una real orden de 2 de enero de 1.896 invitando a la CAT a manifestar en cómo contribuiría en la ayuda del Estado para la construcción de una flotilla. La Compañía Arrendataria de Tabacos se comprometió a entregar al Estado antes del 1 de julio de 1.896, una escuadrilla de guardacostas compuesta por 19 buques, con un coste de construcción calculado en 110.606 libras esterlinas por los vapores, y de 85.000 pesetas por los botes para su servicio; dicho importe sería abonado por la Arrendataria, en concepto de un anticipo al Gobierno, por el que se pagaría un interés inferior en un uno por ciento al descuento del Banco de España. Se cargaría a la Renta de Tabacos en las liquidaciones anuales la mitad de la amortización anual, pero la otra mitad sería de cuenta exclusiva del Estado; la amortización anual se fijaba en el cinco por ciento, por estimarse en veinte años la duración normal de los buques en estado de prestar servicio.
Tras varias conferencias del presidente con el ministro de Hacienda, el Consejo acordó que se solicitasen, con urgencia, proposiciones de varias casas constructoras. Al cabo de seis meses se aprobó un presupuesto extraordinario (en sesión de 22 de octubre de 1.896) para la adquisición de los buques. Seguramente, la urgencia con la que se necesitaban esos barcos inclinó al Consejo por decidirse a comprar buques de segunda mano, en lugar de encargarlos a empresas constructoras de buques, como era la intención original.
El Consejo acordó la adquisición de los vapores Nueva Purita y Ayudante para reforzar la vigilancia de las provincias de Cádiz y Málaga. Ante la oferta de un vapor nombrado Cri-Cri, los peritos dictaminaron que reunía buenas condiciones para la vigilancia de costas y el Consejo acordó su adquisición. Se aprobó la compra del yate La Perle, y al mismo tiempo, la enajenación del vapor Suárez Guanes que “ …por sus condiciones deficientes no responde a las necesidades del servicio…”.
La CAT se quedaba por tanto con cuatro vapores, y la dotación del vapor Suárez Guanes (puesto a la venta) pasó a atender al yate La Perle. Esto quedaba muy lejos de los 19 buques planeados. A pesar de las deterioradas condiciones técnicas del buque, se acordó suspender la venta del vapor Suárez Guanes “… por ser conveniente que continúe prestando servicio en Algeciras…”. Pero este viejo vapor no debió de aguantar mucho tiempo y fue retirado de la circulación, porque al año siguiente el vapor Le Perle fue rebautizado como Suárez Guanes.
Al finalizar 1.895, el resguardo terrestre de la CAT estaba dirigido por tres jefes superiores, uno de Andalucía, otro de Alicante, Almería y Cartagena, y otro de Baleares, y contaba con los efectivos siguientes (excluidos lógicamente los agentes secretos) repartidos en 29 zonas: 1) Zona de Algeciras: 18 inspectores de las distintas clases reglamentadas, 199 agentes de las dos clases existentes y 10 matronas; 2) Zona de Cádiz: 6 inspectores y 34 agentes; 3) Zona de Málaga: 7 inspectores, 30 agentes y 1 matrona; 4) Zona de Estepota: 8 inspectores y 54 agentes; 5) Zona de Ronda: 1 inspector, 5 agentes y 1 matrona; 6) Zona de Sevilla: 4 inspectores, 9 agentes y 2 matronas; 7) Zona de Huelva: 4 inspectores y 6 agentes; 8) Zona de Granada: 2 inspectores y 10 agentes; 9) Zona de Jaén: 2 inspectores y 7 agentes; 10) Zona de Córdoba: 1 inspector y 2 agentes; 11) Zona de Madrid: 13 inspectores, 32 agentes y 4 matronas; 12) Zona de Murcia: 5 inspectores y 14 agentes; 14) Zona de Albacete: 1 inspector y 8 agentes; 15) Zona de Baleares: 4 inspectores y 28 agentes; 16) Zona de Barcelona: 9 inspectores y 22 agentes; 17) Zona de Valencia: 4 inspectores, 16 agentes y 2 matronas; 18) Zona de Castellón: 1 inspector y 2 agentes; 19) Zona de Tarragona: 1 inspector; 20) Zona de Gerona: 2 agentes; 21) Zona de Bilbao: 1 inspector y 1 agente; 22) Zona de Gijón: 1 inspector y 3 agentes; 23) Zona de la Coruña: 3 inspectores; 24) Zona de Vigo: 1 inspector; 25) Zona de Logroño: 1 inspector y 1 agente; 26) Zona de Zaragoza: 1 inspector y 2 agentes; 27) Zona de Ciudad Real: 1 agente; 28) Zona de Almería: 3 inspectores y 20 agentes; 29) Zona de Santander: 4 inspectores y 12 agentes. En total en 1.895 había 111 inspectores de las distintas categorías existentes, de los que el 37 por ciento se concentraban en la zona de Algeciras, lo cual da una idea de la importancia que tuvo esta ciudad en la contra el tráfico ilegal.
LOS MEDIOS DEL RESGUARDO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
Las barreras de entrada de un monopolio legal no son las leyes que establecen el mismo, sino la capacidad del Estado para mantenerlo, evitando las ventas fraudulentas. Pero, salvo en la última década del siglo XIX, el Estado no había ayudado a la CAT en la represión del contrabando, ni concediendo mayores prerrogativas legales al Servicio especial de la Compañía, ni autorizando a mejorar los medios materiales, ni creando puestos de carabineros en las zonas más expuestas al fraude, ni obligando a los resguardos oficiales a colaborar con la Arrendataria, ni evitando las prevaricaciones de los jueces y fiscales contra los contrabandistas.
Durante la Primera Guerra Mundial, la venta ilegal de labores extranjeras disminuyó, y el contrabando se encaminó en el sentido de la exportación, desde que se prohibió la exportación de labores. Pero, en cuanto volvió la normalidad, el contrabando resurgió con mayor actividad. Desde 1.919, el Consejo tomó medidas en tres frentes: 1) Aumentó el sueldo del personal de vigilancia, 2) Mejoró el material utilizado, y 3) Combatió el problema en sus puntos de origen, fundamentalmente el norte de África, y en menor medida Andorra.
Francisco Bastos acometió con ímpetu esa renovación del Resguardo Especial de la Compañía y la adquisición de medios materiales más adecuados para luchar contra los contrabandistas; no en vano había sido nombrado por Cambó para reanimar la Renta y combatir el contrabando. El apoyo de los últimos gobiernos de la Restauración y una cierta regeneración de la vida política permitieron a Bastos combatir con éxito el fraude.
En la junta de accionistas de 1.922, Bastos resaltó más que el enorme volumen del contrabando, “…la vergüenza de que se halle sostenido principalmente por personalidades y organizaciones españolas…”. Las acciones del director-gerente para combatir la actividad contrabandista fueron: 1) Adquisición de embarcaciones de “mayor andar” y condiciones superiores a las que disponían los contrabandistas, 2) Organización de un servicio de policía suficiente, 3) Creación de labores especiales destinadas exclusivamente a las posesiones españolas en Marruecos, 4) Realizar tratos con los fabricantes de tabacos de Canarias (y también de Argelia) “…para que, proveyendo a la Renta, dejaran de ser proveedores de los contrabandistas…”, y 5) Adoptar medidas de “absoluto rigor” con respecto a los fabricantes de tabacos de Cuba, para que nunca volviera a darse el caso de que “los que vendan sus labores en España por mediación de la Compañía se las suministren también a los defraudadores de la Renta”. Esta política de rigor en la lucha contra el contrabando, no pudo mantenerse tras la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera.
Pero el éxito alcanzado en la represión del contrabando fue la perdición de Bastos cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, pues Juan March le atacó en diversos frentes. Por primera vez en la historia de la Arrendataria, un solo accionista, a través de presiones políticas y periodísticas, forzó la dimisión de un director-gerente de la CAT. March perdió en el terreno jurídico, pues tras el expediente incoado por Juan Díaz de la Sala, magistrado del Tribunal Supremo, designado por el directorio militar como juez instructor. Una real orden de 15 de febrero de 1.924 puso término a dicho expediente, con toda clase de pronunciamientos favorables para Bastos, declarando no sólo que la denuncia de Juan March era infundada y debía desestimarse, sino que debía ser reconocido y declarado el importante servicio prestado a la Renta por la gestión de Bastos.
Los estatutos de la Compañía permitieron que, en la junta de accionistas de 28 de septiembre de 1.924, Juan March criticase a la Dirección en términos muy crudos y oscuros, como prueba el hecho de que ni en las actas del Consejo, ni en las de la propia junta de accionistas se reproduzcan las acusaciones de Juan March, ni las contestaciones al respecto de la Dirección. También recurrió a su influencia en el Gobierno, lo que explica el interés de Primo de Rivera por controlar la Arrendataria, incluso en cuestiones como los gastos reservados para la represión del contrabando.
Francisco Bastos tuvo que explicar al nuevo representante del Estado de la Dictadura (nunca se había hecho antes) la forma en que se administraban los fondos “ de carácter secreto y reservado” del presupuesto de vigilancia; le había tenido que mostrar, incluso, “los justificantes y documentos comprobatorios de la identidad de las personas que habían recibido cantidades y cuantías de éstas”. Esto sirvió probablemente para desmantelar la red de agentes secretos de la CAT en el norte de África y en Marsella, que tan brillantes servicios de información sobre las operaciones contrabandistas habían rendido a la Arrendataria en los años previos. La campaña de Juan March contra Bastos continuó en la prensa, y finalmente el director-gerente presentó la dimisión. El Real Decreto de 1 de febrero de 1.924 obligó a la creación de las juntas encargadas de la unificación de servicios de vigilancia y represión del contrabando y de la defraudación, de las que formaban parte representantes de la Arrendataria y del Estado. Durante la dictadura, la acción de los delegados regios obligó a la CAT a reorganizar su estructura territorial en el sur, sin que ello mejorase la lucha contra el fraude. Más bien sucedió lo contrario, pues la Arrendataria perdió autonomía para reprimir el contrabando.
La importancia que había adquirido el contrabando en los primeros años republicanos, llevó al gobierno a preocuparse de que los elementos estatales disponibles se aplicasen a su represión. La Compañía, siguiendo una tradición ininterrumpida desde el 1.887, no dejó de solicitar que se ampliasen las facultades reconocidas a su servicio especial de vigilancia en el reglamento aprobado según Real Decreto de 27 de Mayo de 1.902, que aún regía en 1.934. La respuesta del Ministerio de Hacienda fue el Decreto de 28 de marzo de 1,934, que creó una Comisaría General encaminada a centralizar “todo el régimen relativo a una fuerte policía fiscal en cuanto afecte a las Rentas y Monopolios fiscales acogidos a la legislación penal de contrabando y defraudación”.
El gobierno republicano seguía negándose a ceder competencias a la Arrendataria en un asunto tan delicado como la represión del fraude, pero fue incapaz de reducirlo. La lucha contra el contrabando sólo fue eficaz cuando la Arrendataria contó con el apoyo de los ministros de Hacienda y tuvo mayores autorizaciones para reprimirlo, como ocurrió entre 1.922 y 1.924.
Junto al apoyo de los gobiernos, también fueron importantes para ese éxito las mejoras de las retribuciones y el aumento del personal del Servicio de Vigilancia de la Compañía, así como la inversión en medios materiales, particularmente los del resguardo marítimo, ya que el grueso del tabaco fraudulento se traía desde el norte de África, en embarcaciones contra las que la CAT apenas podía hacer nada.
Al finalizar el año 1.920, el resguardo terrestre contaba con 80 inspectores, 392 agentes y 12 matronas; es decir, un número sensiblemente menor al de 1.895, motivado por una mejor organización y por la pérdida de importancia relativa del contrabando terrestre frente al que se practicaba por mar, que desde principios de siglo alcanzaba también gran intensidad en la costa levantina y balear. Por su parte, el resguardo marítimo tenía en 1.920, en total, 59 mandos y 272 marineros y auxiliares, que reunían en las zonas de Baleares, Málaga y Algeciras sus mayores contingentes. Al finalizar 1.934, los efectivos del resguardo terrestre sumaban 57 inspectores, 279 agentes y 14 matronas. En comparación con 1.920, el número de inspectores y de agentes se había reducido de forma sensible.
El resguardo marítimo, al finalizar 1.934, contaba con 140 mandos y personal motorista, pues ahora las embarcaciones llevaban propulsión a motor, y 192 marineros y personal auxiliar. Cantidades que comparadas con las de 1.920 ofrecen cambios derivados de las transformaciones técnicas de las embarcaciones, pues el total de efectivos del este resguardo apenas varió. En cambio, se observa una mayor concentración de los efectivos en las costas levantinas y en Baleares, respecto a la distribución existente en 1.920.
Como esperaba la Dirección, en 1.920 ocurrió un recrudecimiento del contrabando; para combatirlo, la Compañía mejoró las pobres dotaciones de material, que resultaba ya tan ineficaz que era la principal deficiencia del Servicio de Vigilancia. Al final de la Primera Guerra Mundial, los buques de la CAT eran de todo tipo y condición: vapores, motores, faluchos y pequeñas embarcaciones. Esa diversidad hace difícil evaluar los barcos con que contaba el Servicio de Vigilancia Marítimo. Atendiendo a los números, había 4 vapores y 13 motores: los vapores con los nombres de Salvador, Número I, Número II y Número III, y los motores numerados en dos series, del A.I al A.VIII y del B.I al B.V.
Hasta septiembre de 1.921, no hubo un plan general de renovación de la flota del Servicio de Vigilancia Marítimo, cuando el Consejo acordó solicitar autorización para vender los cuatro viejos vapores y numerosas barquillas a vela y botes inútiles, para adquirir nuevas embarcaciones. El Ministerio de Hacienda autorizó, por Real Orden de 9 de septiembre de 1.921, un día después de hacerse la petición, (lo que demuestra que si la Hacienda quería, los asuntos se tramitaban con rapidez) la compra de nuevas embarcaciones al tiempo que autorizaba a la tabacalera para vender las antiguas. Esa celeridad viene explicada porque el 14 de agosto de 1.921 había ocupado la cartera de Hacienda Francisco Cambó, interesado en mejorar los ingresos del Estado, entre ellos los procedentes de la Renta del Tabaco.
En enero de 1.924 ante la imposibilidad d vende los vapores Salvador, Número I, Número II y Número III, así como las barquillas de vela inútiles para el servicio, se decidió utilizar en la flota los elementos que fueran aprovechables y vender el resto.
Francisco Bastos gestionó las compras de las embarcaciones y reorganizó el Servicio de Vigilancia Marítima. En marzo de 1.922, se decidió crear seis bases navales en Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga y Cádiz, y poner en cada una un barco inspector de 80 a 100 toneladas, 15 millas de andar y provistos de dos motores diesel. A sus órdenes habría 25 embarcaciones menores, de 15 a 20 toneladas, 16 millas de andar, arboladura para vela como los faluchos contrabandistas y motores semi-diesel. A ellos se añadirían 31 embarcaciones menores que se aprovecharían del material existente.
Poco después, la Real Orden de 8 de mayo de 1.922 aprobó el plan de adquisición de 6 buques inspectores, 24 buques tipo falucho mediterráneo y 3 motores rápidos Thornycroft, con un presupuesto de 6.765.600 pesetas, que se reintegraría a la Compañía mediante la amortización que se fijase pericialmente. La CAT utilizó con rapidez aquella autorización, y en 1.922 se pidieron 33 buques para el Servicio de Vigilancia Marítima, repartiendo los pedidos en el extranjero, y a las sociedades de construcción naval españolas:
1) Se compraron 6 buques rápidos a la casa Thornycroft, que empezaron enseguida a ejercer sus funciones.
2) Se encargaron a los astilleros Thornycroft en Southampton, 6 buques mixtos de 30 toneladas.
3) Se encargaron otros 6 del mismo tipo a la Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao.
4) Se encargaron 4 y 5 buques mixtos análogos a los anteriores a los astilleros de Gijón y Tarragona respectivamente.
5) Se contrataron 6 buques inspectores de 130 toneladas a los astilleros Euskalduna de Bilbao.
A principios de 1.923, ya se habían recibido los tres Hidros-Thornycroft de 40 pies, y tres de igual marca de 55 pies. Al año siguiente, también se habían recibido los 6 buques Inspectores de 600 HP, construidos en los astilleros Euskalduna de Bilbao.
Sin duda, la Arrendataria estaba orgullosa de su nueva flota adquirida en 1.922. Correspondiendo a la petición oficial del Ministerio de Marina, el Consejo dispuso que el 12 de septiembre de 1.929 se encontrasen en Cartagena los seis buques de la Clase Inspector del Servicio de Vigilancia de la Compañía, para asistir, como auxiliares de la Marina de Guerra, a las maniobras navales que se verificaron en el Mediterráneo. Con la natural satisfacción recibió la Compañía una Real Orden de dicho Ministerio, de fecha 22 de octubre de 1.930, en la que se expresaba el agrado con que S.M. el Rey había visto “…el brillante estado de policía de dichos buques, el entusiasmo con que contribuyeron a los supuestos tácticos y la pericia de las dotaciones de los mismos puestas a prueba constantemente”.
La CAT pretendió cercar el contrabando celebrando contratos con los fabricantes que suministraban a los contrabandistas de Canarias, Orán y Andorra. También se llevó a cabo una política diplomática paralela con Francia y con Andorra. El norte de África fue una zona que no tenía interés comercial para la Arrendataria, pero que cuidó para evitar el contrabando que desde allí se realizaba a la Península. Así que, durante los años veinte, se comenzaron a celebrar contratos con los fabricantes canarios con la idea de vender en las posesiones españolas sus labores, que de otra manera se vendían de contrabando. Otro tanto se hizo con algunos fabricantes del norte de África, como Orán. Hasta que en 1.927, se otorgó el monopolio del tabaco en las colonias españolas del norte de África a Juan March, la CAT pudo mantener una competencia con este fabricante y comerciante de tabaco, incluso en aquellas zonas. March no sólo vendía en sus demarcaciones, sino que también vendía ilegalmente en Ceuta y Melilla, y en la Península.
Toda la acción de la Arrendataria en el norte de África y en Canarias pretendía frenar el fraude. Al cabo del tiempo, las labores de Canarias ya no eran necesarias para la CAT, pero el Gobierno obligó a la tabacalera a firmar los contratos con los fabricantes canarios. Algo parecido pasó con los convenios firmados con los fabricantes del Valle de Andorra, que tenían por finalidad comprarles una cantidad de labores de tabaco, para evitar que vendiesen a los contrabandistas.
Aunque el contrabando importador de tabacos estuvo aletargado durante la Primera Guerra Mundial, en 1.920 volvió a tener una mayor actividad que se notó en el descenso de recaudación de la Renta, y todavía se incrementó más en 1.921. Los resultados de la nueva estrategia de lucha contra el contrabando no se hicieron esperar. En 1.922 el Servicio de Vigilancia de la Compañía tuvo una mayor actividad, como lo demuestran las mayores aprehensiones, y su eficacia fue aún mayor en 1.923.
De acuerdo con las Memorias de la Arrendataria, el contrabando de tabacos se mantuvo contenido entre 1.924 y 1.927, pero era imposible manifestar otra cosa en aquella dictadura. Según otras informaciones, la actividad contrabandista pudo aumentar durante el régimen de Primo de Rivera. Tras su caída, pudo hablarse oficialmente del problema del contrabando de tabaco, y en abril de 1.931, el Director-Gerente Luís de Albacete decía que se habían advertido “manejos de gentes deseosas de realizar el fraude apelando a antiguos procedimientos, tales como el abanderamiento con bandera inglesa de tres barcos de propietarios españoles con tripulaciones españolas también”.
La CAT adoptó las medidas de defensa adecuadas, y parece que por la acción del Servicio de Vigilancia, los defraudadores sufrieron “quebrantos de importancia”. Pero el contrabando siguió siendo alto durante la Segunda República, ya que al tradicional de labores producidas en el norte de África, se sumaron las nuevas partidas contrabandistas de las marcas norteamericanas, a pesar de las amenazas de la Arrendataria a las grandes multinacionales de rescindir sus contratos para la venta en comisión de sus cigarrillos, si no dejaban de suministrar sus productos a los contrabandistas. Aquellas no parece que hicieran mucho por evitar la venta ilegal de sus labores, que superaba a la realizada en comisión por la Arrendataria. Ello movió al Consejo de la CAT a producir cigarrillos de tipo americano.
La CAT pretendió cercar el contrabando celebrando contratos con los fabricantes que suministraban a los contrabandistas de Canarias, Orán y Andorra. También se llevó a cabo una política diplomática paralela con Francia y con Andorra. El norte de África fue una zona que no tenía interés comercial para la Arrendataria, pero que cuidó para evitar el contrabando que desde allí se realizaba a la Península. Así que, durante los años veinte, se comenzaron a celebrar contratos con los fabricantes canarios con la idea de vender en las posesiones españolas sus labores, que de otra manera se vendían de contrabando. Otro tanto se hizo con algunos fabricantes del norte de África, como Orán. Hasta que en 1.927, se otorgó el monopolio del tabaco en las colonias españolas del norte de África a Juan March, la CAT pudo mantener una competencia con este fabricante y comerciante de tabaco, incluso en aquellas zonas. March no sólo vendía en sus demarcaciones, sino que también vendía ilegalmente en Ceuta y Melilla, y en la Península.
Toda la acción de la Arrendataria en el norte de África y en Canarias pretendía frenar el fraude. Al cabo del tiempo, las labores de Canarias ya no eran necesarias para la CAT, pero el Gobierno obligó a la tabacalera a firmar los contratos con los fabricantes canarios. Algo parecido pasó con los convenios firmados con los fabricantes del Valle de Andorra, que tenían por finalidad comprarles una cantidad de labores de tabaco, para evitar que vendiesen a los contrabandistas.
Aunque el contrabando importador de tabacos estuvo aletargado durante la Primera Guerra Mundial, en 1.920 volvió a tener una mayor actividad que se notó en el descenso de recaudación de la Renta, y todavía se incrementó más en 1.921. Los resultados de la nueva estrategia de lucha contra el contrabando no se hicieron esperar. En 1.922 el Servicio de Vigilancia de la Compañía tuvo una mayor actividad, como lo demuestran las mayores aprehensiones, y su eficacia fue aún mayor en 1.923.
De acuerdo con las Memorias de la Arrendataria, el contrabando de tabacos se mantuvo contenido entre 1.924 y 1.927, pero era imposible manifestar otra cosa en aquella dictadura. Según otras informaciones, la actividad contrabandista pudo aumentar durante el régimen de Primo de Rivera. Tras su caída, pudo hablarse oficialmente del problema del contrabando de tabaco, y en abril de 1.931, el Director-Gerente Luís de Albacete decía que se habían advertido “manejos de gentes deseosas de realizar el fraude apelando a antiguos procedimientos, tales como el abanderamiento con bandera inglesa de tres barcos de propietarios españoles con tripulaciones españolas también”.
La CAT adoptó las medidas de defensa adecuadas, y parece que por la acción del Servicio de Vigilancia, los defraudadores sufrieron “quebrantos de importancia”. Pero el contrabando siguió siendo alto durante la Segunda República, ya que al tradicional de labores producidas en el norte de África, se sumaron las nuevas partidas contrabandistas de las marcas norteamericanas, a pesar de las amenazas de la Arrendataria a las grandes multinacionales de rescindir sus contratos para la venta en comisión de sus cigarrillos, si no dejaban de suministrar sus productos a los contrabandistas. Aquellas no parece que hicieran mucho por evitar la venta ilegal de sus labores, que superaba a la realizada en comisión por la Arrendataria. Ello movió al Consejo de la CAT a producir cigarrillos de tipo americano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario